No les ha parecido que cuando hace algunos años se presentaba un memorial de solicitud de cualquier naturaleza por ante un juez o su despacho, conocíamos meridianamente de antemano el sentido de la respuesta del juzgador…?
Puedo imaginar la forma en que muchos colegas habrán asentido y ciertamente tienen mucha razón, creo que aquello ha cambiado y hoy son mayores las incertidumbres que las certezas respecto del criterio empleado por cada juzgador al momento de hacer el despacho y, ciertamente, es una incógnita la razón de la diversidad de criterios con los que a diario nos encontramos en los tribunales de la capital.
No es extraño encontrar que símiles solicitudes sean resueltas en sentidos, muchas veces, diametralmente opuestos, incluso en un mismo juzgado, y qué decir cuando la variedad está servida con el reciente «ascenso» o nivelación, como quiera vérselo, de los jueces de instrucción al nivel de los jueces de partido, que a título de jueces públicos suman hoy más de veinte, sólo en materia civil.
Esta diversidad, promovida desde el nivel central del Estado con la inclusión de profesionales [indígenas, originarios y campesinos] que en el pasado poco o nada «sonaban» para un cargo en la judicatura nacional, menos aún para una magistratura, ha sido señalada como uno de los factores que de una u otra manera ha precipitado el ya de por sí cantado descalabro de la justicia boliviana.
Sin embargo, dicho cambio no es malo de por sí, es más, en realidad es un salto cuantitativo en el camino para reducir las barreras culturales que otrora hacían imposible para determinados «estratos» sociales aspirar a una carrera judicial. Lo cierto es que el acceso a la magistratura ha estado siempre restringida desde el principio de su modernización por el emérito jurisconsulto Pantaleón Dalence promediando el Siglo XIX.
Sin embargo, sabemos con sobrada experiencia que lo cuantitativo no siempre es sinónimo de calidad y, efectivamente, la inclusión de nuevos factores en la administración de justicia, carentes de experiencia, formación idónea o, simplemente, sin la debida antesala que sólo la carrera judicial confiere, los ha hecho presas fáciles e instrumento del poder político que no ha dudado en cooptarlos con promesas de nuevos y mejores «proyectos personales» funcionales con la administración estatal de turno.
En ese orden, creo que el problema radica más bien en la disfunción que esa introducción en tropel de nuevas ideas, puntos de vista y formas de pensar, ha causado en el sistema judicial y en sus nuevos actores, reflejando una impronta en uno y otro lado respecto de sus propias aspiraciones y concepto de justicia, socavándolo hasta sus cimientos y dejando una brecha insuperable entre el nuevo modelo de justicia «descolonizado» y ese egregio sistema de «Poder Judicial» que muy arraigado teníamos en nuestros maderosos y anticuados despachos jurídicos.
Entonces, si la inclusión no fue definitivamente la sulución al problema y más bien ha terminado de flanquear el problema judicial, qué más podría hacerle falta al sistema de justicia de nuestro país para evitar el descalabro definitivo y que, por el contrario, recupere credibilidad y logre avanzar hacia ese que es el fin último de las sociedades modernas, la justicia…?
No creo que dejar el problema únicamente en manos de la judicatura sea lo correcto, ésta, a su manera paternalista, con jueces que se sitúan por encima de quienes juzgan, ha desnudado unicamente el peor perfil de nuestra idiosincracia nacional carente de sentido de oportunidad y justicia heredada de la colonia, prorrogando la consecución de su objetivo fundamental y lapidándola antes de que pueda ver la luz en interminables expedientes de investigación como resabio etéreo de un sistema escrito cuya validez debiera haber quedado ya en el pasado.
En ese orden, será nuestra labor propiciar espacios de diálogo a través gremios como el I. Colegio de Abogados u otras sociedades científicas o de estudios jurídicos, convocando a todos los sectores o plataformas ciudadanas a ser partícipes de la construcción de un sistema de justicia moderno, nacida de las necesidades del soberano y del diálogo sincero de todos sus actores, orientada, además, a satisfacer las demandas de la población y no del poder político.
Jorge Soliz 