Realizar un trámite en el Registro de Derechos Reales de Cochabamba se ha convertido, en estos días, en una tarea titánica y muy alejada de los usuarios e incluso de los mortales abogados que todos los días bregan con funcionarios, en principio, con una falta de empatía terrorífica que orilla a los más a contratar los servicios de tramitadores, más curtidos en éstas lides, a fin de salir vivos del entuerto que significan un sin número de requisitos por demás injustificados, falta de funcionarios idóneos y con capacidad para resolver los problemas con los que a diario se encuentran en su trabajo.
Todos los días de la semana, a pesar de las inclemencias del tiempo, se verifican en las puertas de sus oficinas filas interminables de personas que a cualquier costo pretenden conseguir una ficha para ser atendidos, muchas veces pernoctando en la vereda o, finalmente, pagando sumas de dinero inconcebibles solo con el afán de no retrasar más sus trámites.
Éste último tema es muy recurrente en vista de que en las ultimas horas he oído al Delegado Distrital del Consejo de la Magistratura tomarse la molestia de señalar muy alegremente a un grupo de personas y clanes familiares como los presuntos responsables de las mencionadas filas, endilgándoles toda la responsabilidad por las aglomeraciones, especulación, tráfico y venta de sitios para la obtención de las benditas fichas, además de imputarles la comisión del delito de atentado conta la salud pública en plena pandemia por causa del COVID-19.
Me ha causado una sonrisa el imberbe funcionario pretendiendo sustraer a su despacho de la ecuación, pensando que los abogados somos unos tontos cabezas de chorlito que nos tragaremos su discurso con un poco de nuestra propia bilis. Lo cierto es que ni Derechos Reales ni el Consejo de la Magistratura, del que depende, hicieron nada para descongestionar la carga cada vez mayor de trámites en esa repartición pública y en su lugar se han dado a la tarea de burocratizar aún más los trámites, incrementando sin motivo alguno el numero de requisitos.
Habiendo en los últimos años hecho un incremento exponencial de sus aranceles, esto no se ha visto reflejado de forma alguna en la calidad del servicio prestado. Es más, se ha hecho una costumbre contratar funcionarios «para lo que resta de la gestión», no se si es por falta de previsión, capacidad de gestión de recursos humanos o finalmente por ahorrarse los sueldos de los primeros meses del año, pero resulta que cesan a sus funcionarios el último día del año e inician un proceso para contratar y reponer personal recién en enero o febrero del siguiente ejercicio anual, limitando por esos meses la atención para el ingreso y registro de trámites.
Esto ciertamente tiene también sus propias repercusiones, porque no es lo mismo que el trabajo lo haga un funcionario ya capacitado que uno nuevo que seguramente recién en mayo o junio tendrá la suficiente capacitación para desenvolverse de forma autónoma (sin tener que preguntar a su superior ante cualquier duda) y finalmente fogueado para hacer su trabajo de forma diligente en agosto o septiembre, lo que reduce su capacidad optima de respuesta al mínimo, teniendo presente que será cesado el 31 de diciembre para dar paso a otro «novato» que pasará por lo mismo el año siguiente, siempre en desmedro de los usuarios.
Otro aspecto significativo en el servicio que presta Derechos Reales es su capacidad para sustraerse de las ventajas que ofrecen las Tecnologias de Información y Comunicación, las que sin lugar a dudas y de forma efectiva reducirían, para empezar, las aglomeraciones de gente en el afán de conseguir una ficha, que fácilmente podría solicitarse en línea a través de un aplicativo desde un ordenador o dispositivo móvil. De la misma forma si permitiesen que el usuario interactuara con el sistema «pre inscribiendo» y digitalizando sus documentos, quitándole esa responsabilidad a los funcionarios inscriptores que únicamente tendrían que verificar la información.
Finalmente, no creo personalmente que los abogados seamos tan malos como para no permitirnos hacer el trabajo en representación de nuestros clientes. Me refiero a que de un tiempo a esta parte, casi todos los trámites en Derechos Reales son personales o con poder, haciéndose un especial énfasis de que para muchos de ellos «no se requiere abogado«, olvidándose que la abogacía es una función publica de ejercicio privado y que, por su función social, el mandato de nuestros clientes no requiere estar plasmado en un poder notarial como sin duda debe ocurrir entre particulares. Así, excluir a los abogados sólo ocasiona un cúmulo de errores y trámites de subinscripciones que se suman a la ya de por sí carga excesiva del registro, mermando aún más la calidad y calidez de su servicio.
Jorge Soliz 